HÀBITAT PREHISTÒRIC

DERECHO ARQUEOLOGICO

INTRODUCCIÓN

Preservar el patrimonio arqueológico es tarea de todos y dado el interés que suscita el hallazgo de nuevos yacimientos arqueológicos, he creido oportuno, dar a conocer los elementos que componen el Derecho Arqueológico actual, y que se rigen por la Ley 18/1985 de 25 de Junio del mismo año.
En primer lugar citaré que es de obligatorio cumplimiento, que toda excavación o prospección arqueologica, debe estar autorizada por la Administración. En el caso de Catalunya de la Generalitat.
De todas maneras hay siempre descubrimientos fortuitos y otros que se han buscado por referencias y que en su caso plantean un estatus en el bien hallado. Por otro lado nos encontramos con los derechos y las obligaciones de los propietarios del terreno donde se ha producido el hallazgo y de los descubridores del mismo en caso de ser diferentes.
En todo caso el hallazgo es Patrimonio del Estado, pero la Ley viene a regular los derechos y obligaciones de los propietarios y descubridores

EL HALLAZGO ARQUEOLOGICO

Cuando se produce un descubrimiento arqueológico por causa de excavaciones, removido de tierras, por obras o por azar, no podrán jamás ser objeto de compraventa por parte de nadie, ya que seria un delito contra el Patrimonio, y su destino ha de ser obligatoriamente la Asociación, ,Centro o Museo que la Administración determine.
A estos efectos los hallazgos efectuados por miembros de nuestra Asociación, quedan al amparo de la comunicación de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, de fecha 22.07.02 Nº.007191, en el que se dictan las normas a considerar, y que en todo caso afectan a los hallazgos obtenidos mediante metodologia arqueologica, y a su mantenimiento y conservación por parte de la Asociación.
En otro caso hay que tener en cuenta,que si se produce un hallazgo fortuito por descubridores o propietarios de terrenos, estos tienen 30 dias para manifestar dicho descubrimiento a la Administración y depositar los bienes a la Asociación, Museo o Centro mas cercano, previa catalogación, inventariado y memoria, en el caso de ser excavaciones autorizadas. En los casos de que el hallazgo sea casual y sin previa autorización, los objetos hallados deberán entregarse inmediatamente a la Administración, siendo el descubridor o el que lo haya hallado, el depositario legal, a no ser que decida entregarlos a un Museo o Asociación de la zona, en cuyo caso la responsabilidad por dicho hallazgo se confiere a los mismos, pasando estos a ser los depositarios legales.
Siempre deberá tenerse en cuenta que los bienes hallados son propiedad del Estado y por tanto bienes de dominio público, aunque la Ley viene a reconocer unos derechos a los descubridores y propietarios que trataremos a continuación.

DERECHOS ADQUIRIDOS

Al hallarse un objeto arqueológico, este posee un valor que en ocasiones es dificil de determinar, pero será siempre la Administración quien dará un valor a dicho objeto mediante tasación contradictoria, que puede ser recursada administrativamente por el hallador en caso de disconformidad.
En principio la Ley determina que un 25% del valor será para el descubridor y otro 25% para el propietario, aunque este no hubiera intervenido, con renuncia obligada a todo derecho sobre el hallazgo por parte de ambos.
En el caso de que los descubridores fueran mas de uno, el 25% se distribuirá a partes iguales, pero no asi en los propietarios, ya que estos estarán obligados al porcentaje de titularidad sobre la finca, y por tanto se repartiran el 25% en dichas proporciónes.


Hay que estar atentos a los hallazgos, ya que existe Jurisprudencia al respecto, en el que los descubridores de una pequeña parte de un poblado, por ejemplo, han adquirido derechos sobre la totalidad del mismo, ya que se ha realizado la excavación técnica final gracias al descubridor.
Se puede descubrir lo que sea, pero no olvidando nunca el procedimiento correcto ya que sino seria una infracción sancionable.

Asi pues damos a continuación el texto reducido de la Ley:

. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 2.
1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.28 de la Constitución, la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.
3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1, número 3 de la Constitución. Las demás Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del Estado.
Artículo 3.
1. La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará como Presidente.
2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma, las Instituciones por ella reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales.
Artículo 4.
A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.
Artículo 5.
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario general previsto en el artículo 26 de esta Ley precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado en la forma y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexplotables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en esta Ley.
Artículo 6.
A los efectos de la presente Ley se entenderá como organismos competentes para su ejecución:
a. Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico.
b. Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los componentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del patrimonio nacional.
Artículo 7.
Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
Artículo 8.
1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberá, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.
2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales contencioso-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

TÍTULO V.
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 40.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forma parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.
2. Quedan declarados bienes de interés cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.
Artículo 41.
1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.
2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.
3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
Artículo 42.
1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente, que, mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico.
2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una memoria, al museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley.
3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.
Artículo 43.
La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.
Artículo 44.
1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.
2. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público.
3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al apremio indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.
5. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de partes integrantes de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de bienes de interés cultural. No obstante el hallazgo deberá ser notificado a la Administración competente en un plazo máximo de treinta días.
Artículo 45.
Los objetos arqueológicos adquiridos por los entes públicos por cualquier título se depositarán en los Museos o centros que la Administración adquirente determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apartado 2 de esta Ley.


TÍTULO IX.
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SUS SANCIONES

Artículo 75.
1. La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5 de esta Ley, constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o hecho posible.
2. La fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente se realizará por la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español, dependiente de la Administración del Estado, cuya composición y funciones se establecerán por vía reglamentaria.
Artículo 76.
1. Salvo que sean constitutivos de delitos, los hechos que a continuación se mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en este artículo:
a. El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 26.2, 4 y 6, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39, 44, 51.2 y 52.1 y 3.
b. La retención ilícita o depósito indebido de documentos, según lo dispuesto en el artículo 54.1.
c. El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el artículo 23.
d. La realización de obras en sitios históricos o zonas arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 22.
e. La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39.
f. La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas a que se refiere el artículo 42.3.
g. El derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de bien de intereses cultural.
h. La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 5 y 56.1 de la presente Ley.
i. El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para la exportación temporal legalmente autorizada.
j. La exclusión o eliminación de bienes del patrimonio documental y bibliográfico que contravenga lo dispuesto en el artículo 55.
2. Cuando la lesión al Patrimonio Histórico Español ocasionada por las infracciones a que se refiere el apartado anterior sea valorable económicamente, la infracción será sancionada con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado.
3. En los demás casos se impondrán las siguientes sanciones:
a. Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos a) y b) del apartado 1.
b. Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en los supuestos c), d), e) y f) del apartado 1.
c. Multa de hasta 100.000.000 de pesetas en los supuestos g), h), i) y j) del apartado 1.
Artículo 77.
1. Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expediente con audiencia del interesado para fijar los hechos que las determinen y serán proporcionales a la gravedad de los mismos, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español.
2. Las multas que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán carácter independiente entre sí.
Artículo 78.
Las multas de hasta 25.000.000 de pesetas serán impuestas por los organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Las de cuantía superior a 250.000.000 de pesetas serán impuestas por el Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Artículo 79.
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley prescribirán a los cinco años de haberse cometido, salvo las contenidas en los apartados g), h), i) y j) del artículo 76.1, que prescribirán a los diez años.
2. En todo caso lo no previsto en el presente Título será de aplicación el Capítulo II del Título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.(El citado capítulo fue expresamente derogado por la Ley 30/1992).

DISPOSICIONES ADICIONALES. 


Primera. Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de España pasan a tener la consideración y a denominarse bienes de interés cultural; los muebles que hayan sido declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el Inventario del Patrimonio Histórico-artístico tienen la condición de bienes inventariados conforme al artículo 26 de esta Ley, sin perjuicio de su posible declaración expresa como bienes de interés cultural.
Todos ellos quedan sometidos al régimen jurídico que para esos bienes la presente Ley establece.
Segunda. Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973.
Tercera. 1. Los documentos del Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de España se incorporarán al Registro general al que se refiere el artículo 12 de esta Ley.
2. Los documentos del inventario del Tesoro artístico nacional se incorporarán al Inventario general de bienes muebles previsto en el artículo 26.
3. Asimismo, los documentos propios del Censo-Guía de archivos se incorporarán al Censo del patrimonio documental y los del Catálogo general del tesoro bibliográfico pasarán al Catálogo colectivo.
4. Por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos se procederá a la integración de los documentos a que se refieren los apartados precedentes en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Cuarta. La exigencia a que se refiere el artículo 69.2 de la presente Ley obligará igualmente a los titulares de los bienes señalados en el artículo 6. j), de la Ley 50/1977, del 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, para beneficiarse de la exención que en el mismo se prevé. La misma exigencia se incorpora a las establecidas en el Real Decreto 1382/1978, de 2 de junio, en el que la referencia al Inventario contenida en su artículo 2 queda suprimida.
Quinta. Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes muebles e inmuebles formen parte del Patrimonio nacional y puedan incluirse en el ámbito del artículo 1, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.
Sexta. El Gobierno negociará en los correspondientes Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales cláusulas tendentes a reintegrar al territorio español los bienes culturales que hayan sido exportados ilegalmente.
Séptima. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones a quienes corresponda su aplicación quedarán también sujetas a los Acuerdos internacionales válidamente celebrados por España. La actividad de tales Administraciones estará asimismo encaminada al cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que, para la protección del Patrimonio Histórico, adopten los Organismos internacionales de los que España sea miembro.
Octava. La aceptación de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, aunque se señale como beneficiario a algún otro órgano de la Administración, relativos a toda clase de bienes que constituyan expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor cultural, bien sea de carácter histórico, artístico, científico o técnico, corresponderá al Ministerio de Cultura, entendiéndose aceptada la herencia a beneficio de inventario.
Corresponderá asimismo a dicho Ministerio aceptar análogas donaciones en metálico que se efectúen con el fin específico y concreto de adquirir, restaurar o mejorar alguno de dichos bienes. El importe de esta donación se ingresará en el Tesoro público y generará crédito en el concepto correspondiente del presupuesto del Ministerio de Cultura.
Por el Ministerio de Cultura se informará al Ministerio de Economía y Hacienda de las donaciones, herencias o legados que se acepten conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Novena. 1. El Estado podrá comprometerse a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que se cedan temporalmente para su exhibición pública a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos.
2. A los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la misma consideración que los museos señalados en el párrafo anterior.
3. El otorgamiento del compromiso del Estado se acordará para cada caso por el Ministro de Cultura a solicitud de la entidad cesionaria. En dicho acuerdo se precisará la obra u obras a que se refiere, la cuantía, los requisitos de seguridad y protección exigidos y las obligaciones que deban ser cumplidas por los interesados. El límite máximo del compromiso que se otorgue a una obra o conjunto de obras para su exhibición en una misma exposición así como el límite del importe total acumulado de los compromisos otorgados por el Estado se establecerán en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
4. Por Real Decreto, a propuesta de los Ministros de Cultura, y de Economía y Hacienda, se regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de este compromiso y la forma de hacerlo efectivo en su caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera. En tanto se elaboren las normas precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, se entenderán vigentes las de rango reglamentario que regulan el Patrimonio Histórico-artístico, bibliotecas y museos, en todo aquello que no convenga lo dispuesto en la misma.
Segunda. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, dictará el Reglamento de organización, funcionamiento y personal de los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así como de los servicios técnicos o docentes relacionados con ellos o con las actividades que competen a la Administración del Estado en la protección del Patrimonio Histórico Español.
Tercera. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios, poseedores o tenedores de algunos de los bienes a que se refieren los artículos 26 y 53 de la presente Ley dispondrán del plazo de un año para comunicar la existencia de dichos bienes a la Administración competente. En tal caso, la citada comunicación determinará la exención, en relación a tales bienes, de cualesquiera impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad frente a la Hacienda Pública o los restantes órganos de la Administración por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora.
Cuarta. Derogada por Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Quinta. En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.Este plazo fue prorrogado hasta los diez años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre :1 de enero de 2005.
Sexta. 1. La tramitación y efectos de los expedientes sobre declaración de bienes inmuebles de valor histórico-artístico incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa en virtud de la cual han sido iniciados, pero su resolución se efectuara en todo caso mediante Real Decreto, y con arreglo a las categorías previstas en el artículo 14.2 de la presente Ley.
2. En los conjuntos históricos ya declarados que dispongan de un Plan especial de protección u otro instrumento de planeamiento del área afectada por la declaración, aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la autorización de obras se regirá por lo dispuesto en el artículo 20.3 hasta que no se haya obtenido de la Administración competente el informe favorable sobre el instrumento de planeamiento a aplicar. A estos efectos se entenderá emitido informe favorable transcurrido un año desde la presentación del Plan, sin que haya recaído resolución expresa.
Séptima. En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley, los responsables de la instalación deberán retirar la publicidad comercial, así como los cables y conducciones a que se refiere el artículo 19.3.
Octava. Los parajes pintorescos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, mientras no sean reclasificados conforme a su disposición final, conservarán la condición de bienes de interés cultural.

DISPOSICIÓN FINAL.

1. Se autoriza al Gobierno para dictar, además de las Disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumplimiento.
2. El Gobierno queda, asimismo, autorizado para proceder por vía reglamentaria a la actualización de la cuantía de las multas que se fijan en el artículo 76 de la presente Ley, sin que los porcentajes de los incrementos que por tal vía se establezcan puedan ser superiores, en ningún caso, al índice oficial del coste de vida.
3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá determinar anualmente las fórmulas de actualización de la base imponible y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a que se refiere el artículo 30.
4. Se autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Cultura y a propuesta del Ministerio del Interior, disponga la creación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de un Grupo de investigación formado por personal especializado en las materias que son objeto de la presente Ley y destinado a perseguir sus infracciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

1. Quedan derogados la Ley de 7 de Julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas; el Real Decreto-Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística; la Ley de 13 de Mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico; la Ley de 22 de Diciembre de 1955 sobre Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico; el Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre, sobre exportación de Objetos de valor e Interés Arqueológico o Artístico y de imitaciones o copias y la Ley 26/1972, de 21 de Junio, sobre Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, salvo las Disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán en adelante rengo reglamentario, y el Real Decreto 2832/1978, de 28 de Octubre, sobre el 1% cultural.
2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.


Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de Junio de 1985.
- Juan Carlos R. -

El Presidente del Gobierno,
Felipe González Marquez.



OTRA  LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL

NORMATIVA ESTATAL

A. Normativa sobre Patrimonio Histórico

Ley, 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículos 2 y 25. (BOE, 03/04/1985)
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 29/06/1985)
Ley 36/1994. de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. (BOE, 24/12/1994)
Ley 18/1998, de 15 de junio, de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. (BOE, 16/06/1998)

Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las obras y en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible materiales y técnicas tradicionales. (BOE, 24/04/1971)
Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE, 28/01/1986), modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE, 02/03/1994)
Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. (BOE, 28/11/1991)
Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. (BOE, 09/02/2002)
Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinados valores incluidos en la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión Europea (BOE, 1/03/2002)

B. Normativa penal

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 235.1; 241.1; 250.5; 253, 319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 340; 613.1 a); 613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (BOE, 24/11/1995. Corrección de errores en BOE, 02/03/1996)
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. (BOE, 13/12/1995)

 Jordi Mor Benedito 
 Novembre 2002

COLLSACABRA O CABRERÈS

Quan avui dia es parla col·loquialment del Collsacabra o Cabrerès, la majoria es situa en aquest ordre, és a dir, primer Collsacabra i després Cabrerès.

No obstant això, i és normal, l'oblit de la raó que dona nom a un territori s'aguditza amb el pas del temps. Així avui, ja s'utilitza mes Collsacabra que Cabrerès, tal volta pel seu so, o per raons no clares.

En aquest escrit, donem a conèixer la veritable história dels topònims Collsacabra i Cabrerès, amb independència del que cadascun vulgui utilitzar, però deixant constància dels fets històrics per a judici col·lectiu.

En primer lloc direm que el topònim Coll-sa-Cabra deriva d'un punt de referència topogràfic, situat sota Cabrera i Aiats, i que és encreuament de camins des de Rupit, Tavertet i en part L'Esquirol en direcció a la plana de Bas i Olot. Aquest punt forma part del Camí Ral de Vic a Olot i per tant de l'antic camí romà d' Ausa a Coll d' Ares per sobre de Camprodón i Molló. 

No obstant això, aquest topònim, ho apliquen des del segle XI els municipis actuals de Rupit i Tavertet perquè tenian fur i castell propis. 

Quant a Santa Maria de Corcó - L' Esquirol, el topònim Cabrerès perdura en els segles i es manifesta encara avui dia, provenint dels vescomptes de Cabrera. Aquest últim terme municipal abraça actualment San Martí Sescorts, Cantonigrós i també Sant Julia de Cabrera, extenent - se fins a la muntanya de Cabrera i la seva església romanica, alhora que castell inicial dels vescomtes de Cabrera.
 
 Els Cabrera foren uns vescomtes del Principat de Catalunya que originàriament habitaren el castell de Cabrera, avui quasi desaparegut, i que estava situat al que avui coneixem com a la muntanya de Cabrera. La rel - lació de vescomptes mes estudiada es la següent


Part de la torre del Castell dels Cabrera
• 1002-1017: Gausfred de Cabrera
• 1017-1050: Guerau I de Cabrera 
• 1050-1105: Ponç I de Cabrera
• 1105-1132: Guerau II de Cabrera
• 1132-1162: Ponç II de Cabrera
• 1162-1180: Guerau III de Cabrera
• 1180-1199: Ponç III de Cabrera
• 1199-1229: Guerau IV de Cabrera

• 1229-1242: Guerau V de Cabrera 



 
El primer vescompte del castell de Cabrera va ser Gausfred de Cabrera a l'any 1002. Després el seu fill Guerau I de Cabrera es va casar amb Ermessenda filla del vescomte de Girona Amat de Montsoriu, senyor del vescomtat de Girona (amb el castell sobre la vila de Breda )

Escut dels Cabrera
A partir d'aquest moment aquest vescomte es titulà de Cabrera, i alguna vegada vescomte de Montsoriu.
Els Cabrera també van donar una dinastia al comtat d'Urgell, al vescomtat d'Àger, i al comtat de Mòdica.
El territori dominant dels Cabrera es va extendre per una bona part de la Selva, l'Alt Maresme, l'extrem est del Vallès Oriental i tot el "Collsacabra" o Cabrerès incluits els castells de Rupit i Tavertet en diferents ocasions. Per tant també aquests municipis formaren part del Cabrerès.

També el vescomtat de Bas passà als Cabrera per herència l'any 1335, i comprenia la Vall d'en Bas i Riudaura, a la Garrotxa.
Finalment recordar que el rei Pere III dona a Bernat III de Cabrera el comtat d'Osona que s' extenia per tota la plana de Vic.

Deixem al gust de cadascú la nominació del territori, si be es cert, que històricament té mes pes el topònim CABRERÈS.
  
Jordi Mor i Benedito
Febrer 2008